Somos los Pueblos del Maíz de las tierras indígenas ahora conocidas como América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, y nos reunimos con motivo de la 7.^a Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Maíz en las hermosas y abundantes tierras ancestrales de los pueblos mayas mopanes de Belice, en la localidad de Maya Center. Quedamos eternamente agradecidos por las danzas, las cantos, la comida y la hospitalidad que compartieron con nosotros.  

Comenzamos cada día con una ceremonia en la que saludamos al sol y a los cuatro puntos cardinales, rezamos para proteger el maíz sagrado y a nuestros pueblos, y dimos gracias por la renovación y regeneración de la vida que este representa. También agradecemos a la Organización Ich-Komonil, nuestros anfitriones en la conferencia, junto con el Consejo Internacional de Tratados Indios y la Asociación de Agricultores Nativos Americanos Tradicionales, su labor de coordinación de este encuentro histórico. Expresamos nuestro agradecimiento a los donantes, colaboradores y voluntarios por ayudar a facilitar lo necesario para que la reunión se llevara a cabo de esta manera. 

Reafirmamos que la “madre maíz” es un ser sagrado dador de vida, con su propio espíritu y conocimiento, a la que se nos ha encomendado cuidar y salvaguardar para que nos proteja y nos brinde vitalidad. El maíz es una medicina que utilizamos para sanarnos y la base de nuestra comprensión e interconexión con las estrellas, la luna y el sol, las aguas del mundo, los ciclos generadores de vida de nuestras mujeres y de todas las naciones femeninas, y los elementos sagrados interrelacionados de las semillas y la tierra viva. Para nosotros, como Pueblos del Maíz, plantar, cultivar, preparar y comer nuestro maíz en todas sus variedades tradicionales son actos sagrados esenciales para nuestra supervivencia. Las plegarias, los cantos y las palabras de agradecimiento que ofrecemos son elementos esenciales de nuestra vida e identidad espirituales.

Reconocemos que, aunque procedemos de pueblos y países diferentes y ahora estamos divididos por las fronteras coloniales impuestas en nuestros territorios tradicionales, somos uno y nos enfrentamos a las mismas luchas y amenazas, como la apropiación continua de nuestras tierras, aguas, semillas y conocimientos sin nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI); la modificación genética de nuestras semillas y plantas; las industrias extractivas; el turismo comercial; y el uso indiscriminado de agroquímicos en nuestros territorios. También sabemos que la crisis climática y sus causas, impactos y falsas soluciones, como la inyección de carbono, las plantaciones de palma aceitera y la minería impuesta de los denominados “minerales de transición”, están causando efectos extremos en nuestras tierras, territorios, aguas, culturas de soberanía alimentaria y modos de vida.    

Ratificamos que, como Pueblos Indígenas, profesionales y poseedores de conocimientos, tenemos las soluciones en nuestras manos gracias a los conocimientos, las prácticas, las ciencias y las tecnologías ancestrales que nos transmitieron nuestros antepasados. Nuestros conocimientos sobre el cultivo y la producción de nuestros alimentos y semillas, la protección de nuestros ecosistemas y el uso sostenible de nuestras aguas no solo nos ayudan a adaptarnos, sino que pueden evitar y reducir los efectos de la crisis climática en nuestros territorios y sistemas alimentarios. Sobre esta base, seguiremos participando activamente en los debates y órganos políticos de las Naciones Unidas en los que se aborden cuestiones que afectan nuestra soberanía alimentaria, siempre y cuando se reconozcan y defiendan plenamente nuestros sistemas de conocimiento, nuestro derecho a poseer y proteger nuestro patrimonio cultural y nuestro derecho al CLPI.  Entre las problemáticas se encuentran los actuales procesos de la ONU sobre cambio climático, plaguicidas, biodiversidad, contaminantes ambientales como el mercurio y los plásticos, desertificación, agricultura, pesca e integridad genética de nuestras semillas.  

Conforme a estos principios, asumimos el compromiso de involucrarnos activamente y fomentar la participación, incluida la de nuestros jóvenes, mujeres, productores tradicionales de alimentos y poseedores de conocimientos, en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Comité de Agricultura (COAG), la Reunión Conjunta sobre Gestión de Plaguicidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, la Convención de RAMSAR sobre los

Humedales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la elaboración de un nuevo

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Plástico, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de

Seguridad Alimentaria y su Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Avalamos el texto incluido en diciembre de 2022 en el Marco Mundial de Biodiversidad de KunmingMontreal, después de una lucha concertada, para salvaguardar los derechos únicos, distintivos y colectivos de los Pueblos Indígenas. Abogamos por su incorporación en todos los procesos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), entre ellos el nuevo órgano subsidiario del artículo 8j, así como en otros procesos internacionales en los que puedan verse afectados los derechos de los Pueblos Indígenas. En particular, rechazamos la imposición de las denominadas “áreas protegidas” que se está llevando a cabo en nombre de la conservación de la biodiversidad en el marco del programa “30 x 30” del CDB, que está provocando desplazamientos forzosos, militarización, violencia y denegación del acceso a las fuentes de alimentos y agua para los Pueblos Indígenas de todo el mundo, los verdaderos protectores de la biodiversidad mundial.   

Pedimos a la Reunión Conjunta sobre la Gestión de Plaguicidas (JMPM) y a sus coordinadores, la

Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura que apliquen la decisión del Comité de Agricultura de octubre de 2024 de enmendar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas a fin de incluir los derechos de los Pueblos Indígenas, con nuestra participación plena y efectiva.      

Al unísono, nos comprometemos a proteger, recuperar y descolonizar nuestras enseñanzas e historias verdaderas, a repatriar y proteger nuestras semillas tradicionales y su salud, a rechazar su modificación genética y a cuestionar las falsas soluciones de mercado ante la crisis climática. Asumimos el compromiso de restaurar y proteger nuestras prácticas y métodos ancestrales de producción de alimentos para la supervivencia de nuestras generaciones futuras. También nos comprometemos a restaurar las relaciones tradicionales de conocimiento, intercambio de semillas y comercio que existían entre nuestros pueblos antes de la llegada de los colonizadores para garantizar la resiliencia de nuestra biodiversidad y mejorar nuestra capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Además, acordamos trabajar juntos para crear una economía social y solidaria y mercados justos, incluso entre nosotros, para garantizar que la agricultura y la producción de alimentos indígenas puedan proporcionar medios de subsistencia sostenibles a nuestros pueblos y especialmente a nuestros jóvenes como la próxima generación de agricultores.             

Reconocemos las repercusiones negativas de la producción industrial de alimentos y, en concreto, de la agricultura industrial, que contribuyen drásticamente a la crisis climática, pues producen el 25 % de los gases de efecto invernadero del planeta. Además, este tipo de agricultura promueve el monocultivo que socava la biodiversidad de las semillas y utiliza altos niveles de productos agroquímicos que destruyen la vida y la salud del suelo. También provoca deforestación, consumo excesivo de pasto y uso insostenible del agua. Reiteramos la posición del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático que hizo un llamamiento a “la protección y restitución de la agroecología basada en las prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, como un componente esencial de la ‘transición justa’”.  

Insistimos y reafirmamos que el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos tradicionales a la tierra y de nuestros sistemas colectivos de tenencia de la tierra es una base esencial de nuestra capacidad para proteger la biodiversidad natural y continuar con nuestros sistemas alimentarios indígenas. Sin reconocimiento, respeto y ejercicio de nuestros derechos sobre nuestras tierras, territorios y aguas, no puede haber soberanía alimentaria. En este sentido, expresamos nuestro firme apoyo al pleno reconocimiento y protección de los derechos colectivos a la tierra de los pueblos mayas de Belice, incluida la aplicación de buena fe de la decisión de 2015 del Tribunal de Justicia del Caribe que reconoce los derechos territoriales de los mayas en el sur del país.   

En este encuentro nos basamos en los firmes cimientos que establecimos en la 1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a y

6.^a Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas del Maíz que se celebraron en Santo Domingo

Tomaltepec y Juchitán, Oaxaca; Okemah, Oklahoma; Tecpan, Guatemala; Vicente Guerrero, Tlaxcala, México; y por último en Shiprock, Nuevo México, en la Reserva Diné. Respaldamos y apoyamos las declaraciones surgidas en esas conferencias como base e inspiración de nuestra labor en este encuentro y de cara al futuro. 

También respaldamos las declaraciones adoptadas en otras convocatorias recientes de Pueblos Indígenas que han tenido un impacto directo en las luchas y soluciones que hemos debatido durante esta conferencia. Entre ellas se encuentran, en particular, los “Principios y Protocolos para una Transición Justa” de la Cumbre de los Pueblos Indígenas sobre Transición Justa (octubre de 2024) y el 4.^o Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre Violencia Ambiental (enero de 2025). 

También nos comprometemos a apoyarnos mutuamente en la defensa de nuestros derechos a las tierras y territorios, las aguas, la salud intergeneracional, el patrimonio cultural, el CLPI y la libre determinación, que son esenciales para el pleno ejercicio de nuestra soberanía alimentaria. La solidaridad mundial y el apoyo moral, político y espiritual nos fortalecerán a la hora de defender nuestras tierras, territorios y formas de vida frente a la crisis climática provocada por la continua e incesante voracidad de las empresas y los Gobiernos por los combustibles fósiles, y la extracción de minerales, agua y otros recursos vitales de las tierras y territorios indígenas. 

Ratificamos que nuestro conocimiento es intergeneracional y colectivo, y no puede patentarse ni ser propiedad de otras entidades. Instamos a las comunidades académicas y científicas, a las empresas, a los Estados y a los organismos de la ONU a que respeten este principio. Reafirmamos que nuestras semillas, plantas y animales son sagrados y no deben ser objeto de modificación genética, mercantilización ni patentado por parte de empresas o Gobiernos bajo ninguna circunstancia. Insistimos en que los Estados cumplan con sus responsabilidades de defender los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Tratados de Nación a Nación con los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales que reconocen y respetan nuestros derechos.  

Seguiremos oponiéndonos a los proyectos de extracción de “minerales de transición” y uranio que se ejecutan en las tierras de los Pueblos Indígenas sin nuestro consentimiento en nombre de la mitigación del cambio climático, e insistiendo en que las políticas de “transición justa” se lleven a cabo con pleno respeto de nuestros derechos inherentes, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al CLPI. Exigimos que los Estados mantengan su compromiso adquirido en el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático de garantizar que el aumento de la temperatura mundial no supere los 1,5 grados centígrados. Esto exige una verdadera transición justa que comience con un rápido abandono progresivo de la producción energética basada en combustibles fósiles.  

Reconocemos y honramos el papel vital de nuestros poseedores de conocimientos tradicionales, líderes espirituales y culturales, curanderos, agricultores y otros profesionales que siguen protegiendo y preservando nuestras formas de conocimiento y sanación, a veces en medio de una fuerte represión y criminalización. También damos gracias por nuestros ancianos que tienen la memoria viva de la siembra y el cultivo sin productos químicos ni semillas modificadas

genéticamente. Animamos a nuestros pueblos a declarar nuestros territorios tradicionales como “zonas de soberanía alimentaria” libres de industrias extractivas, de agroquímicos y de la modificación genética de las semillas. 

Apreciamos enormemente la visión, la determinación, el espíritu de lucha y el deseo de adquirir conocimientos de nuestros jóvenes indígenas, los líderes emergentes y los agricultores de la próxima generación, que son la clave para la supervivencia de nuestros pueblos. Escuchamos y compartimos sus preocupaciones sobre la falta de acceso a la tierra y la pérdida territorial que está dificultando la continuidad de estas prácticas, y manifestamos que los derechos territoriales y el retorno a la tierra son una parte fundamental de la restauración de los sistemas alimentarios tradicionales y de los paisajes y ecosistemas que los sustentan. 

Nos comprometemos a oponernos a todas las formas de racismo y violencia medioambientales, entre ellas el tráfico internacional de plaguicidas prohibidos y altamente peligrosos, la apropiación de nuestras tierras, territorios y aguas por parte de intereses comerciales y corporaciones, la agricultura industrial, el monocultivo, las especies invasoras y las industrias extractivas como la minería, la fractura hidráulica, las perforaciones y los oleoductos. Nos comprometemos a denunciar los vínculos existentes entre las industrias extractivas y la violencia sexual y trata de mujeres indígenas, niñas y otras personas que se llevan a cabo en relación con estas actividades. También seguimos exigiendo protección para los defensores de los derechos indígenas que se oponen al desarrollo impuesto que amenaza sus tierras, aguas y formas de vida y se enfrentan a la criminalización, el encarcelamiento, la represión y el asesinato.          

Nos reunimos en la hermosa tierra de los mayas en Belice para renovar nuestras obligaciones, relaciones y responsabilidades sagradas para defender nuestro maíz, semillas tradicionales, tierras y territorios, aguas, lugares de producción de alimentos, plantas medicinales y modos de vida tradicionales, así como el equilibrio natural del clima, los elementos masculinos y femeninos, y la vitalidad del mundo natural en todas sus manifestaciones.  

Seguiremos forjando nuestra unidad, aprendiendo, compartiendo y educando, defendiendo nuestros derechos, reconstruyendo nuestras comunidades, protegiendo nuestras semillas, restaurando nuestras formas de vida y resistiendo a las poderosas fuerzas que tratan de socavarlas. Hay que mantener vivos nuestros recuerdos, historias y valores ancestrales, nuestras ceremonias y prácticas, y defender nuestros derechos inherentes. Hemos asumido estos compromisos colectivos y llamamientos a la acción en un espíritu de unidad y en reconocimiento de nuestras responsabilidades sagradas con el mundo natural. Plantaremos nuestro maíz, protegeremos nuestros ecosistemas y a la madre tierra, y continuaremos con nuestras propias formas de vivir, ser y conocer. Si seguimos unidos, nuestros hijos y nuestras generaciones futuras sobrevivirán como lo que somos. 

                                                       Adoptada en consenso el 11 de mayo de 2025

Maya Center Village, Belize 

May 11, 2025

We are Corn Peoples from the Indigenous lands now known as North, Central and South America and the Caribbean. We came together for the 7^th International Indigenous Peoples Corn Conference in the beautiful and abundant homelands of the Mopan Mayan Peoples of Belize at the Maya Center Village. We will always be grateful for the dances, songs, food and hospitality they shared with us. 

We began each day in ceremony, greeting the sun and the four directions and offering prayers for protection of the sacred corn and our Peoples, and giving thanks for life’s renewal and regeneration that the corn represents. We also thank Ich Komonil, our Conference hosts, along with the

International Indian Treaty Council and the Traditional Native American Farmers Association for their work to co-coordinate this historic event. We express our appreciation to the donors, supporters, and volunteers for helping to provide what was needed to bring us together in this way. 

We affirm that the Corn Mother is a sacred life-giving being, with its own spirit and knowledge, that we have been given to care for and protect, so that it will protect us and give us life. Corn is a medicine that we use for healing. It is a basis for our understating and interconnection with the stars, the moon and sun, the waters of the world, the life- giving cycles of our women and all female nations, and the sacred inter-related elements of living soil and seeds. For us, as Corn Peoples, planting, growing, preparing, and eating our corn in all its original varieties are sacred acts essential for our survival. The prayers, songs and words of thanks we offer are essential elements of our spiritual lives and identities.

We recognize that although we come from different Peoples and different countries and are now divided by the colonial borders imposed on our traditional territories, we are one. We face the same struggles and threats. These include the ongoing appropriation of our lands, waters, seeds and knowledge without our Free, Prior and Informed Consent (FPIC), genetic modification of our seeds and plants, extractive industries, commercial tourism, and indiscriminate use of agro-chemicals in our territories. We also know that the climate crisis and its causes, impacts and false solutions including carbon injection, oil palm plantations, and imposed mining of so called “transition minerals”, are having extreme impacts on our lands, territories, waters, food sovereignty cultures, and ways of life.    

We reaffirm that as Indigenous Peoples, practitioners and knowledge holders, we hold the solutions in our hands, based on our ancestral knowledge, practices, sciences and technologies passed down from our ancestors. Our knowledge about growing and producing our foods and seeds, protecting our ecosystems and using our waters in a sustainable way not only helps us to adapt, but can avert and reduce the impacts of the climate crisis on our territories and food systems. On this basis, we will continue to actively engage in United Nations policy discussions and bodies where issues impacting our Food Sovereignty are addressed as long as our knowledge systems, right to own and protect our cultural heritage and our right to FPIC are fully recognized and upheld.  These include current UN processes addressing Climate Change, Pesticides, Biodiversity, Environmental Contaminants such as Mercury and Plastics, Desertification, Agriculture, Fisheries and Genetic integrity of our seeds. 

Based on these principles, we commit to actively engage and build participation, including by our youth, women, traditional food producers and knowledge-holders, at the UN Food and Agricultural Organization (FAO) and Committee on Agriculture (COAG), the Joint Meeting on Pesticides

Management, the UN Environmental Programme, the Minamata Convention on Mercury, the UN

Framework Convention on Climate Change, the UN Convention on Desertification, the RAMSAR Convention on Wetlands, the International Union for the Conservation of Nature, the development of a new UN Convention on Plastics, the Human Rights Council, the Committee on Food Security and its Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism, the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD+20) and the World Intellectual Property Organization. 

We affirm the language included in December 2022, after a concerted struggle, to safeguard the unique, distinct, collective rights of Indigenous Peoples in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We encourage its inclusion in all CBD processes, including the new Article 8j Subsidiary body, as well as in other international process where the rights of Indigenous Peoples could be impacted. In particular, we reject the imposition of so called “protected areas” being carried out in the name of biodiversity conservation under the CBD’s “30 x 30” program, which is causing forced relocations, militarization, violence and denial of access to food and water sources for Indigenous Peoples around the world, the real protectors of the world’s biodiversity.   

We call on the Joint Meeting on Pesticides Management (JMPM) and its coordinators, the World

Health Organization and UN Food and Agriculture Organization, to implement the UN Committee on Agriculture’s October 2024 decision to amend the International Code of Conduct on Pesticides

Management to include the rights of Indigenous Peoples, with our full and effective participation.      

We commit with one voice to protect, recover, and decolonize our teachings and true histories, rematriate and protect our original seeds and seed health,  reject the genetic modification of seeds, and challenge false market-based solutions to the climate crisis. We commit to restore and protect our ancestral  food production practices and methods for the survival of our future generations. We also commit to restore the original relationships of knowledge, seed exchange and trade that existed between and among our Peoples before the arrival of the colonizers to ensure the resiliency of our biodiversity and enhance our ability to adapt to the impacts of climate change. We also commit to work together to build a social and solidarity economy and fair markets, including among each other, to ensure that Indigenous agriculture and food production can provide sustainable livelihoods for our Peoples and especially for our youth as the next generation of farmers.   

We recognize the negative impacts of industrial food production and specifically industrial agriculture that contribute dramatically to the climate crisis, producing 25% of the world’s greenhouse gases. In addition, it promotes mono-cropping that undermines seed biodiversity and uses high levels of agrochemicals that destroy soil life and health. It also causes deforestation, overgrazing and unsustainable water use. We affirm the position of the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change that has called for “the protection and restitution of agro-ecology based on Indigenous Peoples’ ancestral practices, as an essential component of “Just Transition”.  

We insist and reaffirm that recognition and respect for our traditional land rights and collective land tenure systems is an essential foundation of our ability to protect natural biodiversity and continue our Indigenous food systems. Without recognition, respect and implementation of our rights to our lands, territories and waters, there can be no food sovereignty. In this regard, we express our firm support for the full recognition and protection of the collective land rights of the Maya Peoples of Belize, including the good faith implementation of the 2015 Caribbean Court of Justice decision affirming Maya land rights in Southern Belize. 

In this Conference we built upon the firm foundation set down for us by the 1st, 2^nd, 3^rd, 4^th, 5^th and

6^th International Indigenous Peoples Corn Conferences held in Santo Domingo Tomaltepec and Juchitan, Oaxaca; Okemah, Oklahoma; Tecpan, Guatemala; Vicente Guerrero, Tlaxcala, Mexico; and lastly in Shiprock, New Mexico on the Diné Reservation. We endorse and support the Declarations from those conferences as the basis and inspiration for our work at this gathering and going forward. 

We also endorse Declarations adopted in other recent Indigenous Peoples gatherings that have had a direct impact on the struggles and solutions we have discussed during this Conference. These include in particular the “Principles and Protocols for Just Transition” from the Indigenous Peoples’ Just Transition Summit (October 2024) and the 4^th International Indigenous Women’s Symposium on Environmental Violence (January 2025). 

We also commit to providing provide mutual support to one another as we defend our rights to lands and territories, waters, intergenerational health, cultural heritage, FPIC and self-determination, which are essential for the full exercise of our food sovereignty. Global solidarity and moral, political, spiritual support will strengthen us as we defend our lands, territories and ways of life in the face of the climate crisis caused by ongoing, unabating corporate and government addiction to fossil fuels, and the extraction of minerals, water, and other vital resources from Indigenous lands and territories. 

We affirm that our knowledge is intergenerational and held collectively. It cannot be patented or owned by other entities. We call for respect for this principle by academic and scientific communities, corporations, States, and UN bodies. We affirm that our seeds, plants, and animals are sacred and must not be subject to genetic modification, commodification or patenting by corporations or governments under any circumstances. We insist that States comply with their responsibilities to uphold the rights affirmed in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the OAS American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, ILO Convention 169, the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, Nation to Nation Treaties with Indigenous Peoples and other international standards that recognize and respect our rights.  

We will continue to oppose projects for mining of “transition minerals” and uranium carried out in the lands of Indigenous Peoples without our consent in the name of climate mitigation and to insist that “just transition” policies be carried out with full respect for our inherent rights as affirmed in the UN Declaration on the Rights of indigenous Peoples, including to FPIC .  We demand that States uphold their commitment to the 2015 Paris Agreement on Climate Change to ensure that the rise in global temperature be kept to no more than 1.5 degrees centigrade. This requires true Just Transition starting with a rapid phase out of fossil fuel-based energy production. 

We recognize and honor the vital role of our traditional knowledge holders, spiritual and cultural leaders, healers, farmers and other practitioners who continue to protect and preserve our ways of knowing and healing, sometimes in the face of severe repression and criminalization. We also give thanks for our elders who have the living memory of planting and growing without chemicals and genetically modified seeds. We encourage our Peoples to declare our traditional territories as “Food Sovereignty Zones” free from extractive industries, agro-chemicals and the genetic modification of seeds. 

We greatly appreciate the vision, determination, fighting spirit and desire for knowledge of our Indigenous youth, the emerging leaders and next generation farmers who are the key to our Peoples’ survival. We hear and share their concerns about lack of access to land and land loss that is making it difficult to continue these practices and affirm that land rights and Land Back is a critical part of restoring traditional food systems and the landscapes and ecosystems that sustain them. 

We commit to oppose all forms of environmental racism and environmental violence. These include international trafficking of banned and highly hazardous pesticides, appropriation of our lands, territories and waters by commercial interests and corporations, industrial agriculture, monocultivation, invasive species, and extractive industries such as mining, fracking, drilling and pipelines. We commit to call attention to the links between extractive industries and sexual violence and trafficking of Indigenous women, girls and others carried out in conjunction with these activities. We also continue to demand protection for Indigenous rights defenders who are standing against imposed development that threatens their homelands, waters and ways of life and are facing criminalization, imprisonment, repression and assassination. 

We came together in the beautiful land of the Maya in Belize to renew our sacred obligations, relationships and responsibilities to defend our corn, original seeds, lands and territories, waters, food producing places, plant medicines and traditional lifeways, as well as the natural balance of the climate, the masculine and feminine elements, and the vitality of the natural world in all its manifestations.  

We will continue to build our unity, learn, share and educate, defend our rights, rebuild our communities, protect our seeds, restore our lifeways, and resist the powerful forces that seek to undermine them. Our ancestral memories, histories and values, ceremonies and practices must be kept alive, and our inherent rights must be defended. We have made these collective commitments and calls to action in the spirit of unity and in recognition of our sacred responsibilities to the Natural World. We will plant our corn, protect our ecosystems and Earth Mother, and continue our own ways of living, being and knowing. If we continue to stand together, our children and our future generations will survive as who we are. 

                                                       Adopted by consensus on May 11, 2025

 Este Proyecto de Reforma es fundamental para garantizar la sostenibilidad y bienestar de las generaciones presentes y futuras de México, así como, para proteger la biodiversidad y preservar nuestra identidad cultural.

 Exhortamos al pleno del Congreso Mexicano para que sea aprobado a la brevedad posible, el Proyecto de Reforma aprobado en lo general.

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2024.- Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones firmantes, hacemos un exhorto a todas las fuerzas políticas del Congreso

Mexicano, para que aprueben a la brevedad el Dictamen del Proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 4° y 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de agua, alimentación y protección al ambiente, fundamental para garantizar la sostenibilidad y bienestar de las generaciones presentes y futuras de nuestro país, para proteger la biodiversidad y preservar nuestra identidad cultural.

Este Proyecto representa la lucha de diversas organizaciones, colectivos, movimientos sociales y campesinos en la búsqueda de proteger el valor histórico, identitario, biocultural y alimenticio de las miles de variedades de maíces nativos presentes en nuestro país, declarando a México un país libre de maíz genéticamente modificado para la siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional y de gran relevancia internacional.

Significa, además, la protección de los derechos humanos a la salud, a una alimentación adecuada, al agua y a un ambiente sano, entre otros, de todas las personas que habitamos y/o transitamos por territorio mexicano; y la defensa de nuestra soberanía y autosuficiencia alimentarias frente a las políticas neoliberales que durante décadas han favorecido a grandes monopolios agroindustriales, nacionales y transnacionales, que dejaron en condiciones de vulnerabilidad, inseguridad y abandono a nuestro campo, a comunidades campesinas y pueblos originarios.

Además, esta Reforma garantiza y protege el derecho humano al agua, al promover el uso equitativo del agua priorizando su consumo personal y doméstico, antes de ser destinada a usos industriales, económicos o para la producción de bienes y servicios con fines comerciales que agudizan la baja disponibilidad y la privatización del líquido, y propician un daño al medio ambiente.

Por ello, es indispensable que en la reforma del artículo 27 se mantenga la gestión comunitaria aprobada en lo general en Dictamen, y las y los legisladores sean sensibles a revisar a la brevedad en lo particular, junto con las organizaciones sociales, el papel de la ciudadanía para fortalecer su corresponsabilidad en la gestión del agua y avanzar en la garantía efectiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, en mejores condiciones de igualdad y equidad como principio democrático para empezar a corregir la grave crisis de modelo de gestión hídrica que padecemos y los conflictos relacionados por el agua.

Celebramos también que el Proyecto, establezca dentro de sus disposiciones normativas, la prohíbición de actividades extractivas altamente destructivas como la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de gas de lutitas del subsuelo, que conllevan graves impactos al ambiente, son causa del desplazamiento forzado de comunidades enteras y del despojo de sus tierras y territorios. Preservar el ambiente y favorecer la vida son primordiales, más que el aprovechamiento económico de metales, metaloides, minerales e hidrocarburos.

Por todo lo anterior consideramos que el Proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 4° y 27° de nuestra Carta Magna que se encuentra actualmente discusión en Congreso mexicano, fortalece la defensa de nuestra soberanía nacional y alimentaria, la protección de la biodiversidad y de los bienes comunes; salvaguarda los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados en el ejercicio de sus derechos, así como grupos en condiciones de pobreza de nuestro país, y favorece el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos que conforman nuestro país.

Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas de todos los grupos parlamentarios a la aprobación de esta crucial Reforma Constitucional a favor de los derechos humanos y sociales de nuestro país y un futuro sostenible para las generaciones actuales y venideras.

Atentamente

Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivas, Asociaciones Civiles, Movimientos Sociales, Comunidades:

1. Acciones para la Mujer A.C.
2. Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes: Capítulo

América Latina y el Caribe, ALSANNA

• Alianza Mexicana Contra el Fracking
• Alianza por la Salud Alimentaria
• Alianza por Nuestra Tortilla
• Alianza Sierra Madre
• Asociación Comunidad Ambiental Morelia
• Asociación de Consumidores Orgánicos, ACO
• Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos, AMPARA A.C.
• Asociación Morelense de Lucha Contra el Cáncer, AMORCC
• Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC
• Asociación Nacional de Profesionistas en Agroecología
• Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro
• Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
• Campaña Oaxaca sin Chatarra
• Cántaro Azul
• Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos – Chiapas, CCESC
• Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.
• Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad
• Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca
• Centro de Orientación Alimentaria, COA Nutrición
• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA
• Colectiva ¡Cambiémosla Ya!
• Colectiva Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social – UNAM
• Colectivo Zacahuitzco
• Comité Ciudadano Ocatlana A.C.
• Comité de Agua Potable de Soyaniquilpan, Estado de México 2023-2026
• Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias, COMCAUSA A.C.
• Consorcio Oaxaca
• Cooperativa Agraria Los Ecos de Xhate 31. El Poder del Consumidor
• Engenera A.C.
• Enlace, Capacitación y Comunicación, A.C.
• Escuelita del Agua – Por la defensa del agua, la tierra y el lugar donde vivimos
• FIAN México
• Fondo para la Paz I.A.P.
• Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT Atenco
• Frente en Defensa del Maíz, Colima
• Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México
• Fundación Avina
• Fundación Semillas de Vida
• Centro de Análisis e Investigación, Fundar A.C.
• Geosistemas y Desarrollo Ambiental, GEODA S.C.
• Greenpeace México
• Grupo de Estudios Ambientales, GEA A.C.
• Guardianas de la Tierra del Maíz
• Guardianes del Agua, Xalapa, Veracruz
• IBFAN México 49. Instituto Maya 50. Kintiltik A.C.
• Kolectivo Rebelde
• Mercado Alternativo
• Mujeres en Desarrollo, MUDEM A.C.
• NutriCOI
• Organiecol – Productores y Consumidores de Productos Orgánicos y Agroecológicos del

Estado de Colima

• Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento, OMSCAS –

Berriozábal, Chiapas

• Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODDESC A.C.
• Reciclemos A.C.
• Red de Acción por el Agua
• Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM A.C.
• Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, RIAAVER
• Red de Maíz CDMX
• Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, RMALC
• Red Mexicana de Acción por el Agua, FANMex
• Red Mexicana de Periodistas Ambientales
• Redes del Agua México
• Salud Crítica
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Pablo Atlazalpan, Chalco, Estado de México
• Servicio, Desarrollo y Paz, Sedepac A.C.
• Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.
• The Hunger Project México
• Tianguis Agroecológico Xalapa
• Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, UFIC
• Unidos Para Compartir A.C.
• Vía Orgánica A.C.

A título personal:

1. Alberto Rojas Rueda
2. Aleida Tovar Martínez, Congreso de la Unión
3. Ana Ortiz Monasterio Quintana
4. Angélica Villegas Palma, Pta. del Comité de Agua, Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado de San Pablo Atlazalpan, Chalco, Estado de México

• Bertha Ballesteros, Asociación Comunidad Ambiental Morelia
• Carlos Héctor Avila Bello
• Cecilia Elizondo, ECOSUR, GANESAN
• Claudia Felicitas Partida Ibarra
• Claudia Gómez Godoy
• Cristina Barros
• Erik Jiménez García, PRODDESC A.C.
• Fernando Bejarano González, RAPAM A.C.
• Francisco Javier Zárate Rivera
• Guillermo Bermúdez
• Irad Santacruz Arciniega
• José Atahualpa Estrada Aguilar
• José Tenorio, Investigador Postdoctoral, Instituto de Investigaciones Antropológicas
• Joselyn Domínguez Zapata
• Lucero Belem Reyes Gutiérrez
• Magali Alejandra Jauregui Montalvo
• Martha Elena García
• Melquiades Rosas Blanco
• Monserrat Virginia González Montaño, Escuela Nacional de Trabajo Social – UNAM
• Rafael Plácido Ramos Becerril, Pdte. del Comité Autónomo del Pozo de Agua de Valle

Verde, Ixtapaluca, Estado de México

• Rodrigo Gutiérrez Rivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, IIJ – UNAM
• Víctor Manuel Chima Ortíz, Comunicación y Derechos Humanos

Contactos de prensa:

Víctor Manuel Chima Ortíz | chimaizortiz@gmail.com | 2941522038 Denise Rojas | comunicacion@elpoderdelconsumidor.org | 5512989

La COP16 debatió un nuevo mecanismo de reparto de beneficios basado en el uso de un objeto virtual (DSI), que aún no tiene una definición jurídica consensuada. Esto permite a la industria y a los países del Norte Global afirmar que son productos de la investigación, cuando en realidad no son más que la representación desmaterializada de los componentes genéticos de recursos biológicos físicos, a veces combinados con otra información sobre rasgos fenotípicos asociados que ya son bien conocidos. Esta falta de definición también permite a la industria y a los países del Norte Global hablar de DSI cuando se trata de justificar el acceso abierto, y luego de información genética o materiales biológicos cuando se trata de reclamar patentes obtenidas mediante el uso de estos DSI. Eso permite eludir la imposibilidad de patentar lo que ya es de libre acceso y, por tanto, ya conocido.

La COP16 aprobó el establecimiento de un mecanismo internacional para garantizar el reparto de los beneficios de la DSI. El mecanismo multilateral para la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos abarca «la información de secuencias digitales que se pone a disposición del público y que no está sujeta a condiciones mutuamente acordadas (TMA) establecidas en el momento del acceso a los recursos genéticos de los que se deriva la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos». También cubre la DSI para la que «la participación justa y equitativa en los beneficios no está prevista en otros acuerdos internacionales sobre acceso y participación en los beneficios, excepto si esos instrumentos eligen el mecanismo multilateral para tal fin».

En esta fase de las negociaciones del TIRFAA, el mecanismo COP se aplicaría a todas las semillas comercializadas por las empresas de semillas que no adoptarán el mecanismo de suscripción del TIRFAA, excepto a sus semillas procedentes de RFAA obtenidos a través de un acuerdo de acceso único con el TIRFAA.

Los países acordaron crear el llamado Fondo de Cali, un fondo mundial de reparto de beneficios al que «deberán contribuir» las empresas que utilicen DSI. El fondo será administrado por las Naciones Unidas a través de la Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples de las Naciones Unidas, de conformidad con las decisiones de la Conferencia de las Partes, y bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, a la que rendirá cuentas.

Los sectores farmacéutico, cosmético, agroalimentario, nutracéutico y tecnológico son los principales usuarios de datos genéticos. Deberían contribuir al nuevo fondo con el 1% de sus beneficios o el 0,1% de sus ingresos. El uso de la palabra «deberían» implica que la contribución es voluntaria y que los porcentajes de pago son «indicativos» y no vinculantes.

Los países africanos y latinoamericanos buscaron un mecanismo jurídicamente vinculante sobre DSI, pero fracasaron. La primera revisión del mecanismo tendrá lugar en la COP18, en 2028.

Además, las empresas también pueden decidir no pagar, ya que no están obligadas a «demostrar» que no utilizaban DSI. Esta cláusula clave ha sido eliminada y ahora la industria semillera y otras multinacionales pueden simplemente mentir y decir que no hacen uso de la DSI para evitar los pagos.

Fuente: https://www.foodsovereignty.org/es/los-gobiernos-legalizan-en-la-cop16-la-biopirateria-digital/

Más información

El CITI se unió a los demás participantes del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio

Climático (FIPICC), que representa a más de 150 pueblos indígenas de todo el mundo que asisten a la COP 29. El FIPICC advirtió al unísono de que estos mecanismos basados en el mercado amenazan los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas, y permiten que continúe la contaminación bajo la apariencia de “acción climática”. 

La declaración de apertura del FIPICC, aprobada por consenso y presentada en la sesión plenaria de la COP 29 el 13 de noviembre de 2024, afirma que “los Estados no han tomado las medidas necesarias para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y aplicar una transición justa hacia fuentes de energía sostenibles y no basadas en el carbono. Al mismo tiempo, los Estados imponen falsas soluciones avaladas por el artículo 6, incluida la geoingeniería, así como la extracción de los llamados minerales de transición, que no revierten la crisis climática”.  

La decisión de adoptar las directrices sobre eliminación de carbono, elaboradas por el órgano supervisor del artículo 6.4 en octubre de 2024, también abre la puerta a una mayor explotación de los territorios indígenas. En virtud del artículo 6.4, los Estados y las empresas pueden compensar sus emisiones mediante la financiación de proyectos en otras regiones, incluidos los destinados a las tierras de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de varios países ya han experimentado las devastadoras consecuencias de estos proyectos del mercado del carbono, que han provocado el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzoso de sus territorios ancestrales.

“La ONU allana ahora el camino a tecnologías de eliminación de carbono no probadas con escasa o nula protección de los derechos de los pueblos indígenas”, declaró Ghazali Ohorella, de las islas Molucas, consultor jurídico sobre derechos humanos y cambio climático del CITI, quien coordina los trabajos sobre el artículo 6 para los pueblos indígenas en la COP 29. “Estos mecanismos de eliminación amenazarán directamente a los pueblos indígenas que han sido los guardianes tradicionales de sus ecosistemas desde tiempos inmemoriales. La prisa por implementar estas normas muestra una peligrosa priorización de los intereses económicos frente a los derechos de los pueblos indígenas, la gobernanza de la ONU y la acción climática real”. Los mecanismos recién aprobados también promueven tecnologías peligrosas, como la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y la geoingeniería, en lugar de abordar las causas profundas del cambio climático. 

Andrea Carmen, directora ejecutiva del CITI, que asiste a la COP 29 con un grupo de delegados del CITI de América del Norte, Central y del Sur y del Pacífico, declaró que “los pueblos indígenas piden que se reconozcan nuestros propios métodos y prácticas de protección, restauración y resiliencia de los ecosistemas, probados a lo largo del tiempo, para abordar y minimizar la crisis climática. En lugar de ello, estamos presenciando la aceleración de los planes del mercado del carbono que permiten a los Estados eludir la rendición de cuentas, al tiempo que ponen en peligro la salud, la seguridad y los derechos de los pueblos indígenas”.

En las negociaciones de la COP 29 en Bakú, el CITI seguirá abogando por una acción climática que respete los derechos indígenas y promueva soluciones reales a nivel mundial, y hace un llamamiento a los Estados parte para:  

1. Reconocer los derechos colectivos distintivos de los pueblos indígenas y poner fin a la práctica perjudicial de combinar y confundir a los pueblos indígenas con las “comunidades locales” en todos los órganos y decisiones de la CMNUCC. Los pueblos indígenas tienen derechos, identidades y conocimientos únicos, como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos deben respetarse en todas las acciones climáticas.
2. Detener las falsas “soluciones” basadas en el mercado, como la captura y almacenamiento de carbono, las compensaciones forestales, la geoingeniería y la extracción de los llamados “minerales de transición”, como el litio. Esto supone graves riesgos para nuestros derechos, pueblos, tierras, sistemas alimentarios y aguas. Insistimos en que cualquier proyecto de créditos de carbono que afecte a los pueblos indígenas debe respetar nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado.  

• Proporcionar financiación pública directa y equitativa para la lucha contra el cambio climático en lugar de promover enfoques volátiles basados en el mercado, como el comercio de emisiones. Los pueblos indígenas demandan un apoyo financiero seguro y predecible para implementar sus propias estrategias de resiliencia climática y la protección y restauración de ecosistemas vitales.

El CITI hace un llamamiento a la COP 29 para que cambie de rumbo y se centre en apoyar una acción climática eficaz basada en los derechos y fundamentada en la transición justa, así como en el pleno respeto de los derechos, la experiencia y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como prioridad urgente. Además, el CITI insta a los Estados parte en la COP 29 a renovar su compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a no más de 1,5 °C y reducir drásticamente la extracción y el uso de combustibles fósiles. La supervivencia de los pueblos indígenas y de nuestro planeta depende de que se adopten verdaderas soluciones lo antes posible.  

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Para solicitar entrevistas o más información, comuníquese con Andrea Carmen, directora ejecutiva del CITI (andrea@treatycouncil.org), o Ghazali Ohorella, consultor jurídico sobre derechos humanos y cambio climático del CITI (ghazali@indigenousun.org).

IITC joined with the other participants of International Indigenous Peoples Forum on Climate Change

(IIPFCC) which represents over 150 Indigenous Peoples from around the world attending COP 29.  The IIPFCC was unified in warning that these market-based mechanisms threaten Indigenous Peoples’ ecosystems and rights and enable continued pollution under the guise of “climate action”. 

The IIPFCC’s opening statement, approved by consensus, and presented in the COP 29 plenary on November 13^th, 2024, affirmed that “States have failed to take necessary action to phase out fossil fuels and implement a Just Transition to sustainable, non-carbon-based energy sources.  At the same time, States are imposing false solutions enabled by Article 6, including geo-engineering, as well as extraction of so-called transition minerals, which do not reverse the climate crisis.”  

The decision to adopt carbon removal guidelines developed by the Article 6.4 Supervisory Body in October 2024 also opens the door for increased exploitation of Indigenous territories.  Under 6.4 States and corporations can offset their emissions by funding projects in other regions, including those that target Indigenous Peoples’ lands. Indigenous Peoples in various countries have already experienced the devastating consequences of these carbon market projects, resulting in land dispossession and forced displacement from their ancestral territories.

“The UN now opens the door to unproven carbon removal technologies with little to no Indigenous rights protection” said Ghazali Ohorella, Maluku, IITC’s Human Rights and Climate Change Legal Consultant who is coordinating work on Article 6 for Indigenous Peoples at COP 29.  “These removal mechanisms will directly threaten Indigenous Peoples who have been the traditional guardians of their ecosystems since time immemorial. The rush to implement these standards shows a dangerous prioritization of economic interests over Indigenous Peoples rights, UN governance and real climate action.” The newly approved mechanisms also promote dangerous technologies like Carbon Capture Storage (CCS) and geoengineering, rather than addressing the root causes of climate change. 

Andrea Carmen, IITC Executive Director, who is attending the COP 29 with an IITC delegates from North, Central and South America and the Pacific, stated that “Indigenous Peoples are asking for recognition of our own time-tested methods and practices for ecosystem protection, restoration and resiliency to address and minimize the climate crisis. Instead, we’re seeing the fast-tracking of carbon market schemes that allow states to evade accountability while putting Indigenous Peoples’ health, safety, and rights at risk”.

At the COP 29 negotiations in Baku, IITC will continue to advocate for climate action that respects Indigenous rights and promotes real global solutions by calling on State Parties to:  

1. Recognize the distinct collective rights of Indigenous Peoples and end the harmful practice of combining and conflating Indigenous Peoples with “local communities” in all UNFCCC bodies and decisions. Indigenous Peoples have unique rights, identities, and knowledge, as affirmed in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  These must be upheld in all climate actions.
2. Halt Market-based false “solutions” including Carbon Capture Storage (CCS), forest offsets, geoengineering, and extraction of so-called transition minerals” such as lithium.  These pose serious risks to our rights, Peoples, lands, food systems and waters.  We insist that any proposed carbon credit project affecting Indigenous Peoples must comply with our right to free, prior, and informed consent. 
3. Provide Direct, Equitable Public Climate Financing rather than promoting volatile market-based approaches like carbon trading.  Indigenous Peoples are asking for secure, predictable financial support to implement their own strategies for climate resilience and the protection and restoration of vital ecosystems.

The IITC calls on COP 29 to change its course and focus on supporting effective rights-based climate action grounded in Just Transition, and full respect for Indigenous Peoples’ rights, expertise, and knowledge systems as an urgent priority.  IITC further calls upon the State Parties at COP 29 to renew their commitment to limit global temperature rise to no more that 1.5°C by dramatically reducing their extraction and use of fossil fuels.  The survival of Indigenous Peoples— and our planet— depends on implementing genuine solutions without delay. 

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For interview requests or more information contact:  Andrea Carmen, IITC Executive Director, 

Andrea@treatycouncil.orgor Ghazali Ohorella, IITC Human Rights and Climate Justice Legal Consultant, ghazali@indigenousun.org

Representantes de las organizaciones afiliadas a CITI de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Pacífico, el Ártico y el Caribe, que representan a más de 300 Pueblos y Naciones Indígenas, también adoptaron resoluciones por consenso el último día, que serán la base del trabajo futuro de CITI.  Estas resoluciones abordaron los siguientes temas: los derechos consagrados en los Tratados; la violencia medioambiental, incluidas las industrias extractivas; las mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas y sus familiares; el cambio climático y la soberanía alimentaria; la organización civil de los jóvenes; los derechos culturales, las lenguas indígenas y sus lugares sagrados; los impactos de las llamadas áreas protegidas, impuestas en las tierras y territorios Indígenas; los defensores indígenas del medio ambiente y de los derechos humanos; y el apoyo al Pueblo de Palestina.  Los representantes de CITI también ofrecieron información actualizada sobre los progresos realizados en los últimos 50 años en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas, incluida la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU en 2007.     

La participación activa de la juventud indígena, incluso en un panel multirregional de “Jóvenes organizados por los derechos y la soberanía”, fue un punto culminante inspirador señalado por muchos participantes.  Pu’uhonua “Bumpy” Kanahele, miembro del Consejo del CITI y Jefe de Estado de la Nación de Hawái, habló en la Conferencia sobre las violaciones de varios tratados internacionales celebrados por su Nación en la Conferencia.  Bumpy declaró: “Me impresionó mucho cómo organizó la Conferencia la gente de base en Standing Rock, quienes organizaron esto para todos nosotros.  Como anciano, también aprecié el papel activo y la participación de los jóvenes indígenas de muchas de nuestras Naciones.  Tenemos que incorporar a la próxima generación de líderes indígenas en nuestro trabajo, y este fue un ejemplo perfecto de reunir a nuestros jóvenes con nuestros ancianos.  Al establecer este vínculo con tanta fuerza, esta Conferencia abrirá nuevas puertas para el CITI a medida que avancemos hacia los próximos 50 años”.   

Faith Spotted Eagle, presidenta del Comité del Tratado Ihanktowan (Yankton) y abuela de la Sociedad Corazón Valiente, participó en la conferencia fundacional de 1974. En esta conferencia del 50 aniversario de CITI participó como ponente en el panel sobre las industrias extractivas y las repercusiones en las mujeres y niñas indígenas.  Comentando la conferencia, la líder mayor Spotted Eagle declaró que “esta asombrosa reunión fue un ejemplo de creación de visión intergeneracional, demostrando una poderosa y muy necesaria construcción del espíritu con miras al futuro.  Honró y reconoció a los defensores de base de los derechos consagrados en los Tratados e inspiró nuestro trabajo para construir y reconstruir nuestras Naciones y sanar a la Madre Tierra”.  

Además de los representantes afiliados a CITI de varias regiones y países, entre los invitados especiales se encontraban líderes espirituales, ancianos, delegaciones de Consejos de Tratados, funcionarios tribales, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como un grupo de participantes de la Conferencia original de 1974 que fueron homenajeados en una ceremonia especial el día de la inauguración.  

La directora ejecutiva del CITI, Andrea Carmen, declaró que “fue fortalecedor el volver a nuestro lugar de nacimiento, Standing Rock, 50 años después. El CITI está muy agradecido con nuestros anfitriones y todos los que contribuyeron a hacer de este acontecimiento histórico un gran éxito, incluidos los financiadores, los contribuyentes en especie de carne de búfalo y de tipis, el personal y los voluntarios.  También reconocemos con profunda gratitud las contribuciones y sacrificios de todos aquellos que nos precedieron en esta labor de defensa de la vida, los derechos y los modos de vida de nuestros Pueblos.”  

Las resoluciones adoptadas y las fotos de la Conferencia se publicarán en la página web de CITI www.iitc.org en los próximos días, y en este momento se está ultimando una película conmemorativa sobre la Conferencia y el trabajo de CITI.

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El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur,

Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas tradicionales y tierras sagradas.

Representatives of IITC affiliates from North, Central, South America, the Pacific, Arctic, and Caribbean representing more than 300 Indigenous Peoples and Nations also adopted resolutions by consensus on the final day that will be the basis for IITC’s future work.   These resolutions addressed Treaty Rights; Environmental Violence including extractive industries; Missing and Murdered Indigenous women, girls, and relatives; Climate Change and Food Sovereignty; Youth organizing; Cultural Rights, Indigenous Languages and Sacred Sites; impacts of “Protected Areas” imposed on Indigenous Lands and Territories; Indigenous environmental and human rights defenders; and support for the People of Palestine.   IITC representatives also gave updates on the progress made over the last 50 years defending Indigenous Peoples’ rights at the United Nations, including the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the UN General Assembly in 2007.      

The active participation of Indigenous youth, including in a multi-regional “Youth Organizing for

Rights and Sovereignty” panel, was an inspiriting highlight noted by many participants.  IITC Board Member and Head of State for the Nation of Hawaii Pu’uhonua “Bumpy” Kanahele spoke at the Conference about the violations of several international Treaties concluded by his Nation at the Conference.  Bumpy stated “I was very impressed with how the Conference was put together by people on the ground at Standing Rock who organized this for us.  As an elder, I also appreciated the active role and involvement of Indigenous youth from many of our Nations.  We need to involve the next generation of Indigenous leaders in our work, and this was a perfect example of bringing together our youth and elders.  By making this link so strongly, this Conference will open new doors for IITC as we move forward into the next 50 years”.    

Faith Spotted Eagle, Chair of the Ihanktowan (Yankton) Treaty Committee and Grandmother of the Brave Heart Society, was a participant in the 1974 founding conference. She participated in IITC’s 50^th Anniversary Conference as a speaker on the panel on extractive industries and the impacts on Indigenous women and girls.  Commenting on the conference, Elder Spotted Eagle stated “This amazing gathering was an example of intergenerational vision-making, proving powerful and much needed spirit building for the future.  It honored and recognized the grassroots Treaty Rights defenders and inspired our work to build and rebuild our Nations and heal Mother Earth.”  

In addition to IITC affiliate representatives from various regions and countries, special guests included spiritual leaders, elders, delegations of Treaty Councils, Tribal Officials, the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, as well as a group of participants from the original 1974 Conference who were honored at a special ceremony on the opening day.  

IITC Executive Director, Andrea Carmen stated “it was so very powerful to return to our birthplace Standing Rock, 50 years later. IITC is very grateful to our host and all those who contributed to make this historic event a great success, including funders, in kind-contributors of buffalo meat and tipis, staff and volunteers.  We also recognize with profound gratitude the contributions and sacrifices of all those who went before us in this work to defend our Peoples’ lives, rights, and ways of life.”

The adopted resolutions and photos from the Conference will be posted on IITC’s web site www.iitc.org in the coming days, and a commemorative film about the Conference and IITC’s work is currently being finalized.

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The International Indian Treaty Council (IITC) is an organization of Indigenous Peoples from North, Central, South America, the

Arctic, Caribbean and Pacific working for the sovereignty and self-determination of Indigenous Peoples and the recognition and protection of Indigenous rights, Treaties, traditional cultures and sacred lands.

Desde hace siglos, las comunidades de pesca artesanal, así como los Pueblos Indígenas de todo el mundo, gobiernan, conservan y gestionan de forma sostenible los ecosistemas, hábitats, poblaciones de peces y otros recursos naturales de los que dependen. Su contribución a un medio acuático sano está profundamente arraigada en su cultura, sus conocimientos y sus prácticas. Su conocimiento profundo del medio acuático y de los recursos que contiene, basado en conocimientos ancestrales y en la experiencia, es en sí mismo un recurso vital y una fuente de información, y forma parte integrante de una importante diversidad biocultural. En la actualidad, alrededor del 90% de todos los pescadores/as y trabajadores/as de la pesca se dedican a la pesca a pequeña escala y sus capturas representan al menos el 40% del total de la pesca de captura, mediante operaciones que a menudo tienen lugar en zonas con una gran biodiversidad. Por todas estas razones, las comunidades pesqueras a pequeña escala, así como los Pueblos Indígenas, merecen una consideración especial a la hora de estudiar cómo integrar la biodiversidad en la gestión de la pesca.

Es importante destacar que el nuevo Marco Global de Biodiversidad (GBF en sus siglas en inglés), a través de varios objetivos, garantizará el pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos, para las comunidades, incluyendo las comunidades de pesca artesanal, los derechos a los recursos, a la participación significativa, y el acceso a la justicia y la información relacionada con la biodiversidad. También establece una salvaguarda especial para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, (tal y como se establece en la UNDRIP), especialmente a sus territorios, su cultura y conocimientos tradicionales ancestrales, su participación plena y efectiva, así como su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El GBF también garantizará la protección de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es también el primer tratado medioambiental que tiene un objetivo específico sobre los derechos de la mujer e incorpora un enfoque sensible al género en el que todas las mujeres y niñas tienen las mismas oportunidades para contribuir a los objetivos del CDB. Sin embargo, es responsabilidad de los Estados diseñar planes de acción y políticas nacionales que tengan en cuenta estos aspectos, y creemos firmemente que la FAO puede desempeñar un papel clave en el apoyo a la aplicación de la conservación y la gestión pesquera basadas en los derechos humanos.

Los pescadores/as artesanales, incluidos los Pueblos Indígenas, reciben con agrado los esfuerzos para recuperar la productividad perdida causada principalmente por la sobrepesca industrial exacerbada por la contaminación y el cambio climático. Cuando se les priva de sus medios de subsistencia y desarrollo, tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Esto es esencial para asegurar el bienestar futuro y la garantía continua de alimentos acuáticos sanos procedentes de ecosistemas acuáticos sanos.

En este contexto, saludamos el compromiso de la FAO de ampliar su apoyo a los actores y actrices de la pesca a pequeña escala en su papel de administradores de los recursos que conservan y utilizan de forma sostenible la biodiversidad acuática, en línea con las Directrices Voluntarias para Asegurar la Pesca Sostenible a Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE). Creemos que esto debe hacerse a través de la elaboración y aplicación de Planes de Acción Nacionales transparentes, participativos y sensibles al género que reconozcan el papel esencial de las comunidades pesqueras locales y los Pueblos Indígenas para la conservación de la biodiversidad. Esto brindaría a las Partes del Convenio la oportunidad de diseñar y aplicar estrategias de conservación, para mejorar la coherencia de las políticas, garantizando al mismo tiempo la participación y contribución plena y efectiva de las comunidades pesqueras a pequeña escala, así como de los Pueblos Indígenas (hombres, mujeres y jóvenes).

Con respecto a las Áreas Marinas Protegidas (AMP), agradecemos el énfasis de la FAO en los enfoques participativos, y nos gustaría hacer más hincapié en el importante papel que desempeñan las comunidades de pesca artesanal, así como los Pueblos Indígenas en la aplicación de cualquier medida de conservación. También es necesario reconocer que en muchos países ya existen territorios y áreas marinas/costeras gobernadas y conservadas por comunidades de pesca artesanal, así como por Pueblos Indígenas (como las Áreas

Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades, ICCAs, o las Áreas Marinas Localmente Gestionadas, LMMAs).

La FAO debería apoyar a sus miembros en 1) la identificación y el reconocimiento tanto de las iniciativas de conservación comunitarias existentes como de las nuevas, 2) la mejora de los mecanismos de información, seguimiento, evaluación y presentación de informes, y 3) la movilización de recursos para iniciar y mantener estos esfuerzos. Estas iniciativas de conservación no deben llevarse a cabo de forma aislada, sino que deben considerarse parte de los procesos de gestión más amplios, transparentes y participativos que reclaman los pescadores/as artesanales. Para nosotros, esto es esencial para garantizar los objetivos del GBF, respetando y asegurando al mismo tiempo los derechos de las comunidades de pesca artesanal, así como de los Pueblos Indígenas, y garantizando el futuro de sus medios de subsistencia.

En ese contexto, la FAO también debería apoyar a los Estados miembros, especialmente a las Partes que son países en desarrollo, con la creación de capacidad y la transferencia de tecnología adecuada que pueda ayudar a las acciones colectivas y a los sistemas de seguimiento e información basados en la comunidad y los Pueblos Indígenas, y aplicar la Llamada a la Acción¹ y las Normas de Conducta² de la Pesca Artesanal de Pequeña Escala que hicieron hincapié en las peticiones anteriores.

Organizaciones signatarias :

• Afrifish
• APAS-Santo Cristo (Associação De Produtores De Amêijoa Da Fajã De Santo Cristo) Aprapam (Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche Artisanale Maritime)
• Blue Ventures
• CaFGOAG (Canoe Owners Association of Ghana)
• CAOPA (Confédération Africaine pour des Organisations de Pêche Artisanale) CAPE (Coalition pour des Accords de Pêche Équitables)
• CoopeSoliDar
• IITC (International Indian Treaty Council) Mundus Maris
• SFBOA (Seychelles Fishing Boat Owners Association) SSNC (Swedish Society for Nature Conservation) WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza)

¹ “UNA LLAMADA A LA ACCIÓN de la pesca artesanal de pequeña escala”, Junio 2022. Documento disponible en 7 idiomas en este enlace: https://www.cffacape.org/ssf-call-to-action

² “Normas de conducta para trabajar con pescadores/as artesanales y trabajadores de la pesca de pequeña escala para salvar nuestro océano”, Febrero 2023. Documento disponible en este enlace: https://drive.google.com/file/d/1T3d09TOloVG-dsHolGbwrqBw33X6XRSI/view

For hundreds of years, small scale fishing communities, as well as Indigenous Peoples all over the world, have governed, conserved and sustainably managed ecosystems, habitats, fish stocks and other natural resources they depend on. Their contributions to a healthy aquatic environment are deeply rooted in their culture, knowledge and practices. Their intimate knowledge of the aquatic environment and the resources contained therein, based on ancestral and experiential knowledge, is itself a vital resource and source of information, and forms an integral part of an important biocultural diversity. Today, about 90 per cent of all fishers and fish workers are involved in small-scale fisheries and their catch accounts for at least 40% of the total capture fisheries, through operations that often take place in areas with high biodiversity. For all these reasons, small-scale fishing communities as well as Indigenous Peoples deserve special consideration when looking at how to mainstream biodiversity in fisheries management.

Importantly, the new Global Biodiversity Framework (GBF), through several targets, shall ensure the full recognition and respect for human rights, for communities, including artisanal fishing communities’, rights to resources, to meaningful participation, and access to justice and information related to biodiversity. It also establishes a special safeguard for the protection of the rights of Indigenous Peoples, (as laid out in UNDRIP), especially to their territories, their culture and ancestral traditional knowledge, their full and effective participation, as well as their right to free, prior and informed consent. The GBF shall also guarantee the protection of environmental and human rights defenders.

The Convention on Biological Diversity (CBD) is also the first environmental treaty to have a specific target on women’s rights and embeds a gender-responsive approach in which all women and girls have equal opportunities and capacity to contribute to the GBF’s objectives. However, it is the States responsibility to design national plans of actions and policies that take these aspects into account, and we strongly believe that FAO can play a key role in supporting the implementation of human-rights based conservation and fisheries management.

Small-scale fishers, including Indigenous Fishing Peoples, welcome efforts to recover lost productivity mostly caused by industrial overfishing exacerbated by pollution and climate change. When deprived of their means of subsistence and development, they are entitled to just and fair redress. This is essential for ensuring future well-being and continued assurance of healthy aquatic food from healthy aquatic ecosystems.

In that context, we welcome the commitment by FAO to expand its support to small-scale fisheries actors in their role as resource stewards that conserve and sustainably use aquatic biodiversity, in line with the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines). We believe this should be done through the elaboration and implementation of transparent, participatory, gender-sensitive National Action Plans that recognize the essential role of local fishing communities and Indigenous Peoples for biodiversity conservation. This would provide an opportunity for the Parties to the Convention to design and implement conservation strategies, to improve policy coherence, whilst ensuring the full and effective participation and contribution of small-scale fishing communities, as well as Indigenous Peoples (men, women and youth).

With respect to Marine Protected Areas (MPAs), we welcome FAO’s emphasis on participatory approaches, and we would like to further emphasize the important role that artisanal fishing communities as well as Indigenous Peoples play in the implementation of any conservation measure. It needs also to be recognized that in many countries, there are already existing marine/coastal territories and areas governed and conserved by small-scale fishing communities, as well as by Indigenous Peoples (such as Indigenous and Community Conserved Areas, ICCAs, or Locally Managed Marine Areas, LMMAs).

The FAO should support its members to 1) identify and recognize both existing and new community conservation initiatives, 2) improve information, monitoring, evaluation and reporting mechanisms, and 3) mobilize resources to initiate and sustain these efforts.

These conservation initiatives should not take place in isolation, but should be considered as part of wider transparent, participative management processes which artisanal fishers are calling for. This for us, is essential for ensuring the objectives of the GBF while respecting and ensuring the rights of small-scale fishing communities, as well as Indigenous Peoples, and securing the future of their livelihoods.

In that context, FAO should also support member States, especially developing country Parties, with capacity building and appropriate technology transfer that can assist collective actions and community- and Indigenous Peoples-based monitoring and information systems and implement the SSF call to action¹ and rules of conduct² that emphasized the above requests.

Signatory organizations:

• Afrifish
• APAS-Santo Cristo (Associação De Produtores De Amêijoa Da Fajã De Santo Cristo) Aprapam (Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche Artisanale Maritime)
• Blue Ventures
• CaFGOAG (Canoe Owners Association of Ghana)
• CAOPA (African Confederation of Professional Artisanal Fisheries Organisations) CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
• CoopeSoliDar
• IITC (International Indian Treaty Council) Mundus Maris
• SFBOA (Seychelles Fishing Boat Owners Association) SSNC (Swedish Society for Nature Conservation) WWF (World Wide Fund for Nature)

¹ A Call to Action from Small-Scale Fishers, June 2022. Available at: https://caopa.org/wp- content/uploads/2022/08/Call-to-action-online-pdf.pdf

² Rules of Conduct for Working with Small-Scale Fishers and Fishworkers to Save Our Ocean, February 2023. Available at: https://caopa.org/wp-content/uploads/2023/03/Copy-of-Rules-of-conduct.pdf