El CITI también se complace en anunciar que ese mismo día reabrirá oficialmente su oficina regional para América Latina y el Caribe, albergada por la filial del CITI CONAVIGUA (la Coordinadora Nacional de Viudas Indígenas de Guatemala) en la Ciudad de Guatemala, la cual se centra en la defensa de los derechos humanos. También proporcionará capacitación, formación y asistencia técnica para ayudar a los pueblos y organizaciones indígenas a presentar comunicaciones y acciones urgentes ante los mecanismos de derechos humanos, incluidos los Relatores Especiales de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Defensores de los Derechos Humanos, y ante órganos de los tratados, como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

La Oficina del CITI en Guatemala coordinará y colaborará con la del Relator Especial Calí Tzay, y proporcionará apoyo a sus labores cuando lo solicite.

Los eventos en la Universidad Maya tendrán lugar durante dos días. El 23 de julio, el CITI, la Universidad Maya y la oficina del Relator Especial organizarán un taller de capacitación y formación para organizaciones indígenas, abogados e instituciones educativas. El evento inaugural de las dos oficinas tendrá lugar el 23 de julio, con la participación de líderes indígenas, autoridades mayas, dignatarios y funcionarios nacionales y municipales, y se realizarán ceremonias espirituales para traer bendiciones y unidad para el trabajo que se avecina. Ambos actos se transmitirán por Internet desde Guatemala.

El CITI mantuvo una oficina en Guatemala desde 1993 hasta 2002. Durante ese período, se lograron importantes resultados en las áreas de soberanía alimentaria, educación y capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cooperación entre los Pueblos Indígenas y organizaciones de América Latina, y una mayor participación de los Pueblos Indígenas de la región en la redacción de las Declaraciones de la ONU y de la OEA sobre los derechos. La oficina del CITI fue acogida por la Defensoría Maya en Ciudad de Guatemala y su entonces director, Juan León Alvarado, maya k’iche, actuó como coordinador de la oficina del CITI. Juan regresará a su puesto de Coordinador de la Oficina de Guatemala del CITI después de haber sido durante varios años Embajador de Guatemala en Noruega, Cuba, Ecuador y ante la Organización de Estados Americanos, donde presidió el grupo de trabajo de la OEA para la elaboración de la Declaración de las Américas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Presidente del CITI, Ronald Lameman, de la Nación Beaver Lake Cree, representa en la Junta Directiva del CITI a más de 240 naciones indígenas miembros de los Tratados 1 al 11 de Canadá. Él asistirá y realizará intervenciones en los eventos organizados para inaugurar las oficinas del CITI y del Relator Especial, junto con la Directora Ejecutiva del CITI, Andrea Carmen, y otros representantes del CITI de dentro y fuera de Guatemala. Ron afirmó la importancia de estos eventos y de la reapertura de la oficina del CITI en Guatemala: “El CITI sigue comprometido con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, Centroamérica y en todo el mundo. Esperamos trabajar con nuestros afiliados y otras organizaciones indígenas en Guatemala, así como con el Relator Especial de la ONU, para fortalecer nuestras voces colectivas en favor del bienestar y la supervivencia de nuestros Pueblos. ”

El CITI también cuenta con oficinas en San Francisco, California, y Tucson, Arizona, en Estados Unidos.

Para obtener más información sobre estos eventos o sobre el trabajo de la oficina del CITI en Guatemala, póngase en contacto con el coordinador de la oficina de Guatemala, Juan León Alvarado, llamando al +502-42102584, o enviando un correo electrónico a: juanleon@treatycouncil.org.

Para comunicarse con el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, envíe un correo electrónico a: indigenous@ohchr.org o FranciscoCaliRelatorEspecial@gmail.com. 

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur, Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas tradicionales y tierras sagradas.

English versión: https://apisaac.org/two-offices-focused-on-the-rights-of-indigenous-peoples-will-open-in-guatemala-on-july-23-2021/

Fuente: https://www.iitc.org/es/two-offices-guatemala-july-23-2021/

IITC is also pleased to announce that on the same day it will officially reopen its Latin America/Caribbean regional office hosted by IITC’s affiliate CONAVIGUA (the National Coordination of Indigenous Widows of Guatemala) in Guatemala City, focused on human rights advocacy. It will also provide capacity building, training, and technical assistance to assist Indigenous Peoples and organizations to present submissions and urgent action filings to human rights mechanisms including the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples and Human Rights Defenders, and Treaty bodies such as the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination and the Committee on the Rights of the Child.

The IITC Guatemala Office will coordinate and collaborate with the office of Special Rapporteur Cali Tzay, and provide support for his work upon request.

The events at the Mayan University will take place over two days. On July 23rd the IITC, the Mayan University, and the office of the Special Rapporteur will host a capacity building and training workshop for Indigenous organizations, attorneys, and educational institutions. The inaugural event for the two offices will take place on July 23rd, with participation of Indigenous leaders, Mayan authorities, dignitaries, and national and municipal officials, as well as spiritual ceremonies to bring blessings and unity for the work ahead. Both events will be webcast in Guatemala.

IITC operated an office in Guatemala from 1993 to 2002. During this period, important results were achieved in the areas of food sovereignty, education and training on Indigenous Peoples’ Rights, cooperation among Indigenous Peoples and organizations of Latin America, and increased participation of Indigenous Peoples of the region in the drafting of the UN and OAS Declarations on the Rights of Indigenous Peoples. The IITC office was hosted by Defensoria Maya in Guatemala City and its then-Director Juan Leon Alvarado, Maya K’iche, served as IITC’s Office Coordinator. Juan is returning to his position as IITC’s Guatemala Office Coordinator after serving for several years as Guatemala’s Ambassador to Norway, Cuba, Ecuador, and the Organization of American States where he chaired the OAS working group for development of the America Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

IITC President Ronald Lameman, Beaver Lake Cree Nation, represents over 240 Indigenous Nations that are members of Treaties 1-11 in Canada on IITC’s Board of Directors. He will attend and present at the events organized to inaugurate the IITC and Special Rapporteur’s offices along with IITC Executive Director Andrea Carmen and other IITC representatives from in and outside Guatemala. Ron affirmed the importance of these events and the reopening of IITC’s Guatemala office: “IITC remains committed to defend the rights of Indigenous Peoples in Guatemala, Central America and around the world. We look forward to working with our affiliates and other Indigenous organizations in Guatemala as well as UN Special Rapporteur to strengthen our collective voices for the well-being and survival of our Peoples.”

IITC also maintains offices in San Francisco California and Tucson Arizona in the United States.

For additional information regarding these events or the work of IITC’s Guatemala office, contact IITC’s Guatemala Office Coordinator Juan León Alvarado at +502-42102584, or email to: juanleon@treatycouncil.org.

To contact the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, email to: indigenous@ohchr.org or FranciscoCaliRelatorEspecial@gmail.com.

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The International Indian Treaty Council (IITC) is an organization of Indigenous Peoples from North, Central, South America, the Caribbean and the Pacific working for the Sovereignty and Self Determination of Indigenous Peoples and the recognition and protection of Indigenous Rights, Treaties, Traditional Cultures and Sacred Lands. 

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur, Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas tradicionales y tierras sagradas.

Versión en español: https://apisaac.org/dos-oficinas-centradas-en-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-se-abriran-en-guatemala-el-23-de-julio-de-2021/

Los Pueblos Indígenas han sufrido violaciones de su derecho inherente a la salud desde hace siglos. La explotación de los recursos, la destrucción de los sistemas alimentarios tradicionales y la contaminación tóxica de las tierras, el aire y las aguas de los Pueblos Indígenas provocan tasas de enfermedad desproporcionadas, que incluyen cánceres, diabetes y asma, y que comprometen los sistemas inmunológico y respiratorio entre las personas de todas las edades. La pobreza, el hacinamiento y la prolongada falta de acceso a la atención de la salud han aumentado aún más estas vulnerabilidades. La actual crisis de la COVID-19 está poniendo de relieve estas continuas violaciones de los derechos humanos. Las tasas de mortalidad más altas se dan entre los ancianos indígenas, quienes son los poseedores de la sabiduría, la lengua y el conocimiento de sus Naciones.

En los Estados Unidos, la Nación Diné (Navajo) ha sido particularmente afectada, ocupando el tercer lugar detrás de los estados de Nueva Jersey y Nueva York en cuanto al número de casos per cápita a la fecha de esta publicación. Chile Yazzie, presidente del capítulo de Shiprock de la Nación Navajo, está ayudando a coordinar los esfuerzos de ayuda comunitaria. Él enfatizó que “nosotros [los Diné] tenemos sistemas inmunológicos debilitados debido a enfermedades cardíacas y respiratorias causadas en gran parte por respirar el aire contaminado con carbono de las plantas de energía durante toda nuestra vida, y por vivir entre minas de uranio abandonadas y minas masivas a cielo abierto. Vivimos en una zona de sacrificio energético nacional y, debido a la situación de hacinamiento en nuestras viviendas, somos más susceptibles a contraer el virus.”

Los Kuna de Panamá también han informado sobre los crecientes impactos, así como sobre las condiciones que han vuelto vulnerable a su nación indígena soberana. El 13 de abril, Manigueuigdinapi “Mani” Stanley Icaza, asesor del Movimiento de la Juventud Kuna, informó al CITI que “nuestras 50 Comunidades Autónomas Kunas están en cuarentena en Panamá, y hay 20 casos de la COVID-19 en Kuna Yala y muchos más casos entre los Kuna que viven en la ciudad”. Varios jóvenes Kuna han fallecido en la ciudad de Panamá. Nuestro sabio y líder Iguayokiler Ferrer está en el hospital de la ciudad de Panamá en una unidad de cuidados intensivos. La situación es muy compleja debido a que no hay hospitales, ni centros de salud adecuados, ni médicos, ni suministros en nuestro territorio”.

Los representantes del CITI están indignados porque la pandemia de la COVID-19 ha sido utilizada por algunos gobiernos y empresas federales, estatales y provinciales para reducir salvaguardias ambientales y acelerar proyectos de desarrollo a los que los Pueblos Indígenas se han opuesto desde hace mucho tiempo. El 1 de abril de 2020, el gobierno provincial de Alberta, Canadá, se comprometió a aportar más de 1.000 millones de dólares canadienses para la construcción del oleoducto Keystone XL, que llevará petróleo de arenas alquitranadas desde Alberta a través del corazón de los Estados Unidos, y se comprometió a iniciar su construcción de forma inmediata a pesar de la pandemia. Este oleoducto transnacional cuenta con la firme oposición de los Pueblos Indígenas a lo largo de todo su recorrido como una violación de sus derechos culturales, ambientales y de los Tratados. En marzo, el estado de Dakota del Sur, a lo largo de la ruta propuesta para el Keystone XL, adoptó leyes “antiprotesta” que amplían la definición de “infraestructura crítica” para incluir el petróleo, el gas y las instalaciones de servicios públicos, y declaran como delito grave la “interrupción o deterioro sustancial” de dichas instalaciones.
El CITI también ha recibido informes de que los ataques contra los defensores de los derechos humanos de los indígenas van en aumento, incluso en Brasil, donde la deforestación continúa sin cesar mientras la atención del mundo se centra en la pandemia.
Ahora más que nunca, los derechos de los Pueblos Indígenas deben ser respetados en todos los esfuerzos para abordar esta crisis. Esto incluye nuestros derechos a la salud ambiental y comunitaria; el consentimiento libre, previo e informado; y el derecho a participar en la toma de decisiones relativas a la planificación, ejecución y desarrollo de programas de protección de nuestros pueblos, además de la creación de soluciones sostenibles, resistentes y justas para después de la crisis. Para nuestra supervivencia colectiva, el CITI hace un llamado a la gran familia humana y a los gobiernos del mundo a que respeten los derechos y el conocimiento de los Pueblos Indígenas en este momento tan crítico. El CITI continuará oponiéndose a todos los intentos de los gobiernos y las empresas de utilizar esta crisis para aumentar la extracción de recursos, la destrucción de los lugares sagrados y la contaminación de las tierras, el aire y las aguas, prácticas que comprometerán aún más el derecho de los Pueblos Indígenas a la salud.
Para fomentar este debate, el CITI organizará una serie semanal de seminarios web centrados en la pandemia del COVID-19 y los derechos de los Pueblos Indígenas, a partir del viernes 25 de abril. Los próximos seminarios web se centrarán en la soberanía alimentaria, la salud ambiental y la justicia, los vínculos entre la COVID-19 y la crisis climática, y los impactos de la pandemia en las mujeres y los niños indígenas. Se publicará más información sobre estos seminarios en el sitio web del CITI en www.iitc.org. El CITI también publica información recibida de los Pueblos Indígenas y de los órganos de las Naciones Unidas sobre los impactos de la pandemia de la COVID-19.
Para obtener más información, póngase en contacto con la Directora Ejecutiva del CITI, Andrea Carmen, en andrea@treatycouncil.org.

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El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur, Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas tradicionales y tierras sagradas.

Indigenous Peoples have suffered violations of their inherent right to health for centuries. Resource exploitation, destruction of traditional food systems and toxic contamination of Indigenous Peoples’ lands, air and waters cause disproportionate disease rates including cancers, diabetes, and asthma which compromise immune and respiratory systems among all ages. Poverty, overcrowding and long-standing lack of access to health care have further increased vulnerabilities. The current COVID-19 crisis is highlighting these ongoing human rights violations. The highest death rates are among Indigenous elders, who are the wisdom, language and knowledge holders for their Nations.       

In the United States, the Diné (Navajo) Nation has been particularly hard hit, ranking third behind the states of New Jersey and New York in the number of cases per capita as of this release. Chile Yazzie, President of the Shiprock Chapter of the Navajo Nation is helping to coordinate community relief efforts. He stressed that “we [the Diné] have weakened immune systems because of our heart and respiratory conditions, which are caused in large part by breathing carbon polluted air from power plants all of our lives and living amongst abandoned uranium and massive coal strip mines. We live in a national energy sacrifice zone and because of our overcrowded housing situation, we are more susceptible to catch the virus.”

Panama’s Kuna have also reported growing impacts as well as the conditions that have made their sovereign Indigenous Nation vulnerable. On April 13th, Manigueuigdinapi “Mani” Stanley Icaza, advisor to the Kuna Youth Movement, reported to IITC that “our 50 Kuna Autonomous Communities are in quarantine in Panama. There are 20 cases of COVID-19 in Kuna Yala and many more cases among Kunas living in the city. Several Kuna Youth have passed away in Panama City. Our Wiseman and Leader Iguayokiler Ferrer is in the hospital in Panama City in an Intensive Care Unit. The situation is very complex due to the fact that there are no hospitals, no adequate health centers, no doctors, nor supplies in our territory.”

IITC is outraged that the COVID-19 pandemic has been used by some federal and state/provincial governments and corporations to roll back environmental safeguards and fast track development projects that Indigenous Peoples have long opposed. In Canada on April 1st, 2020, the Alberta Provincial government committed over 1 billion Canadian dollars for the construction of the Keystone XL Pipeline to bring tar sands oil from Alberta through the US heartland, committing to begin construction immediately despite the pandemic. This transnational pipeline is strongly opposed by Indigenous Peoples all along its route, as a violation of their cultural, environmental and Treaty rights. In March, the state of South Dakota along the proposed Keystone XL route adopted “anti-protest” laws expanding the definition of “critical infrastructure” to include oil, gas and utility equipment, and declaring “substantial interruption or impairment” of that equipment as a felony.

IITC has also received reports that attacks on Indigenous human rights defenders are increasing, including in Brazil, where deforestation continues unabated while the attention of the world is focused on the pandemic.

Now, more than ever, the rights of Indigenous Peoples must be respected in all efforts to address this crisis. This includes our rights to environmental and community health; Free, Prior and informed consent; and the right to participate in decision-making regarding the planning, development, and implementation of programs aimed to protect our Peoples and build sustainable, resilient and just post-COVID solutions. For our collective survival, IITC calls on the human family and the governments of the world to respect the rights and knowledge of Indigenous Peoples at this critical time. IITC will continue to oppose all attempts by governments and corporations to use this crisis to increase resource extraction, destruction of sacred sites, and contamination of lands, air, and waters that will further compromise Indigenous Peoples’ right to health.

To further this discussion, IITC will host a weekly series of webinars focusing on the COVID-19 Pandemic and the rights of Indigenous Peoples, beginning on Friday, April 25th. Upcoming webinars will focus on Food Sovereignty, Environmental Health and Justice, links between COVID-19 and the Climate Crisis, and the impacts of the pandemic on Indigenous women and children. More information on these webinars will be posted on IITC’s web site at www.iitc.org. IITC is also posting information received from Indigenous Peoples and UN bodies about the impacts of the COVID-19 pandemic.

For more information contact IITC’s Executive Director, Andrea Carmen, at andrea@treatycouncil.org. 

The International Indian Treaty Council (IITC) is an organization of Indigenous Peoples from North, Central, South America, the Caribbean and the Pacific working for the Sovereignty and Self Determination of Indigenous Peoples and the recognition and protection of Indigenous Rights, Treaties, Traditional Cultures and Sacred Lands. 

Introducción:

Este Boletín tiene como finalidad compartir diferentes experiencias generadas en el 2019 en las regiones norte, centro y sur de México, así mismo gracias al apoyo financiero de Silicón Valley se realizaron actividades en comunidades campesinas e indígenas donde se tocaron temas sobre monitoreo y detección de transgenes en maíces nativos, así como la fertilidad y mejoramiento de los suelos en las tres regiones del país. Estas actividades se llevaron a cabo con talleres temáticos que permitieron fortalecer los conocimientos de cada uno de los participantes, como también informar sobre la problemática y situación del Maíz nativo ante la presencia del Maíz transgénico, tomando en cuenta los diferentes contextos de los Estados de Sonora, Tlaxcala, Estado de México y Quintana Roo.

Otras actividades de mucha importancia que se realizaron durante este año fueron eventos nacionales e internacionales en los cuales la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria (APISA) y el Consejo de Tratados Indios (CITI) coordinaron junto con el apoyo del Grupo Vicente Guerrero (GVG) de Tlaxcala. Estos eventos tuvieron que ver con la protección y defensa del Maíz nativo y los territorios; participando integrantes de pueblos y comunidades indígenas de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú y Chile.

De estas actividades se obtuvo y se dio a conocer la Declaratoria de Tlaxcala de la Cuarta Conferencia internacional de los pueblos Indígenas del Maíz, así mismo dentro de este marco los participantes se integraron a la 23ª Feria del Maíz y otras semillas nativas y se cerró el año con un Foro para socialización y análisis de la ley Federal para el fomento y protección del Maíz nativo en México.

Francisco Cali, a Mayan Cakchiquel from Guatemala who served for 16 years as a member of the Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD), is the first Indigenous member of a UN Treaty body. He was served as CERD’s President from 2014 to 2016 and as the Chairman of CERD’s Early Warning/Urgent Action Procedure from 2017 to December 2019. He represented Indigenous Peoples at the United Nations since the early 1980’s, addressing human rights violations against the Indigenous Peoples in Guatemala and around the world. He was an active participant over many years in the Intersessional Working on Group for the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, both as a representative of the International Indian Treaty Council and delegate with the government of Guatemala.        

Francisco also carried out many important roles on the National level, including as a member of the Presidential Commission Against Racism and Racial Discrimination Against Indigenous Peoples, President of the National Reparation Program for the Victims of the Internal Conflict in Guatemala, and founder and coordinator of the Indigenous Rights Programme of the Human Rights Legal Action Centre (CALDH). He served in the Human Rights head office of the Guatemala Ministry of Foreign Affairs and at present is Guatemala’s ambassador to Germany. He has been the President of IITC’s Board of Directors since 2000. He is a husband, father, grandfather as well as a traditional Indigenous farmer.

Francisco Cali will formally step into this role, established by the Human Rights Council in 2001, when the current mandate holder Ms. Victoria Tauli-Corpuz completes her second three-year term on April 31, 2020. Upon hearing of the Council’s decision, Francisco expressed his appreciation by stating, “I want to express my gratitude to the President and members of the UN Human Rights Council and to Rodolfo Stavenhagen, James Anaya and Victoria Tauli-Corpuz for their important groundbreaking work serving in this position previously. I also thank those who submitted my nomination as well as the Indigenous representative bodies and organizations, educational institutions, human rights organizations and UN Mandate holders that wrote letters of support. I am honored and humbled by their trust. I look forward to working with United Nations bodies, Indigenous Peoples and States from around the world to carry out this role.”

The UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples:

 Promotes good practices, including new laws, government programs, and constructive agreements between Indigenous Peoples and states, to implement international standards concerning the rights of Indigenous Peoples;  

 Reports on the overall human rights situations of Indigenous Peoples in selected countries; 

 Addresses specific cases of alleged violations of the rights of Indigenous Peoples through communications with Governments and others; and 

 Conducts or contributes to thematic studies on topics of special importance regarding the promotion and protection of the rights of Indigenous Peoples.

The Indigenous Peoples Law and Policy Program at the University of Arizona Rogers College of Law in Tucson has offered to host him and will serve as his base for the duration of his term. He will also have offices in Guatemala and Geneva.

Contact information for Francisco Cali Tzay in this role will be provided after his term officially begins on May 1, 2020. Until then, the current Special Rapporteur can be contacted via email at indigenous@ohchr.org.

For more information contact IITC Executive Director Andrea Carmen, at andrea@treatycouncil.org.

Francisco Cali, un Maya Cakchiquel de Guatemala que durante 16 años fungió como miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), es el primer miembro indígena de un órgano de tratados de la ONU. Fue Presidente del CERD de 2014 a 2016 y Presidente del Procedimiento de Alerta Temprana/Acción Urgente de dicho organismo de 2017 a diciembre de 2019. Representó además a los pueblos indígenas en las Naciones Unidas desde principios de los años ochenta, abordando el tema de las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas en Guatemala y en todo el mundo. Asimismo, participó activamente durante muchos años en el Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tanto como representante del Consejo Internacional de Tratados Indios como en calidad de delegado del Gobierno de Guatemala.

Francisco también desempeñó muchas funciones importantes a nivel nacional, entre ellas ser miembro de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación Racial contra los Pueblos Indígenas, Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Interno en Guatemala, y fue fundador y coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Trabajó además en la sede de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y actualmente es el embajador de Guatemala en Alemania. Ha sido Presidente de la Junta Directiva del CITI desde 2000. Es esposo, padre, abuelo y agricultor indígena tradicional.

Francisco Cali asumirá oficialmente esta función, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2001, cuando la actual titular del mandato, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, complete su segundo mandato de tres años el 31 de abril de 2020. Al conocer la decisión del Consejo, Francisco expresó su agradecimiento: “Quiero expresar mi gratitud al Presidente y a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a Rodolfo Stavenhagen, James Anaya y Victoria Tauli-Corpuz por su importante e innovador trabajo al servir en este cargo anteriormente. También agradezco a quienes presentaron mi candidatura, así como a los órganos y organizaciones representativas de los indígenas, las instituciones educativas, las organizaciones de derechos humanos y los titulares de mandatos de las Naciones Unidas que escribieron cartas de apoyo. Me siento honrado y humilde por su confianza. Espero con interés trabajar con los órganos de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y los Estados de todo el mundo para llevar a cabo esta función.”

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

 Promueve las buenas prácticas, que incluye nuevas leyes, programas gubernamentales y acuerdos constructivos entre los Pueblos Indígenas y los Estados, para aplicar las normas internacionales concernientes a los derechos de los Pueblos Indígenas;

 Informa sobre la situación general de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en países seleccionados;

 Aborda casos específicos de presuntas violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas a través de comunicaciones con los gobiernos y otros actores; y

 Realiza o contribuye a la realización de estudios temáticos sobre cuestiones de especial importancia para la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.

El Programa de Derecho y Política de los Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho Rogers de la Universidad de Arizona en Tucson se ha ofrecido a acogerlo y servirá como su base durante su mandato. También contará con oficinas en Guatemala y Ginebra.

La información de contacto de Francisco Cali ya en funciones se proporcionará una vez que él comience oficialmente su mandato el 1 de mayo de 2020.  Hasta entonces, contacte a la Relatora Especial actual a la dirección electrónica indigenous@ohchr.org.

Para obtener más información, póngase en contacto con la Directora Ejecutiva de CITI Andrea Carmen, a la dirección electrónica andrea@treatycouncil.org.

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The International Indian Treaty Council (IITC) is an organization of Indigenous Peoples from North, Central, South America, the Caribbean and the Pacific working for the Sovereignty and Self Determination of Indigenous Peoples and the recognition and protection of Indigenous Rights, Treaties, Traditional Cultures and Sacred Lands. 

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur, Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas tradicionales y tierras sagradas.