14 de noviembre de 2024, Bakú, Azerbaiyán: El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) condena tajantemente la decisión adoptada el 11 de noviembre de 2024 por la 29.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29 de la CMNUCC). Los Estados parte votaron unánimemente, aunque algunos expresaron su preocupación, para aprobar las normas del mercado de carbono contempladas en el artículo 6 del Acuerdo de París, que llevan mucho tiempo aplazadas y son objeto de controversia.
El CITI se unió a los demás participantes del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio
Climático (FIPICC), que representa a más de 150 pueblos indígenas de todo el mundo que asisten a la COP 29. El FIPICC advirtió al unísono de que estos mecanismos basados en el mercado amenazan los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas, y permiten que continúe la contaminación bajo la apariencia de “acción climática”.
La declaración de apertura del FIPICC, aprobada por consenso y presentada en la sesión plenaria de la COP 29 el 13 de noviembre de 2024, afirma que “los Estados no han tomado las medidas necesarias para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y aplicar una transición justa hacia fuentes de energía sostenibles y no basadas en el carbono. Al mismo tiempo, los Estados imponen falsas soluciones avaladas por el artículo 6, incluida la geoingeniería, así como la extracción de los llamados minerales de transición, que no revierten la crisis climática”.
La decisión de adoptar las directrices sobre eliminación de carbono, elaboradas por el órgano supervisor del artículo 6.4 en octubre de 2024, también abre la puerta a una mayor explotación de los territorios indígenas. En virtud del artículo 6.4, los Estados y las empresas pueden compensar sus emisiones mediante la financiación de proyectos en otras regiones, incluidos los destinados a las tierras de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de varios países ya han experimentado las devastadoras consecuencias de estos proyectos del mercado del carbono, que han provocado el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzoso de sus territorios ancestrales.
“La ONU allana ahora el camino a tecnologías de eliminación de carbono no probadas con escasa o nula protección de los derechos de los pueblos indígenas”, declaró Ghazali Ohorella, de las islas Molucas, consultor jurídico sobre derechos humanos y cambio climático del CITI, quien coordina los trabajos sobre el artículo 6 para los pueblos indígenas en la COP 29. “Estos mecanismos de eliminación amenazarán directamente a los pueblos indígenas que han sido los guardianes tradicionales de sus ecosistemas desde tiempos inmemoriales. La prisa por implementar estas normas muestra una peligrosa priorización de los intereses económicos frente a los derechos de los pueblos indígenas, la gobernanza de la ONU y la acción climática real”. Los mecanismos recién aprobados también promueven tecnologías peligrosas, como la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y la geoingeniería, en lugar de abordar las causas profundas del cambio climático.
Andrea Carmen, directora ejecutiva del CITI, que asiste a la COP 29 con un grupo de delegados del CITI de América del Norte, Central y del Sur y del Pacífico, declaró que “los pueblos indígenas piden que se reconozcan nuestros propios métodos y prácticas de protección, restauración y resiliencia de los ecosistemas, probados a lo largo del tiempo, para abordar y minimizar la crisis climática. En lugar de ello, estamos presenciando la aceleración de los planes del mercado del carbono que permiten a los Estados eludir la rendición de cuentas, al tiempo que ponen en peligro la salud, la seguridad y los derechos de los pueblos indígenas”.
En las negociaciones de la COP 29 en Bakú, el CITI seguirá abogando por una acción climática que respete los derechos indígenas y promueva soluciones reales a nivel mundial, y hace un llamamiento a los Estados parte para:
- Reconocer los derechos colectivos distintivos de los pueblos indígenas y poner fin a la práctica perjudicial de combinar y confundir a los pueblos indígenas con las “comunidades locales” en todos los órganos y decisiones de la CMNUCC. Los pueblos indígenas tienen derechos, identidades y conocimientos únicos, como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos deben respetarse en todas las acciones climáticas.
- Detener las falsas “soluciones” basadas en el mercado, como la captura y almacenamiento de carbono, las compensaciones forestales, la geoingeniería y la extracción de los llamados “minerales de transición”, como el litio. Esto supone graves riesgos para nuestros derechos, pueblos, tierras, sistemas alimentarios y aguas. Insistimos en que cualquier proyecto de créditos de carbono que afecte a los pueblos indígenas debe respetar nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado.
- Proporcionar financiación pública directa y equitativa para la lucha contra el cambio climático en lugar de promover enfoques volátiles basados en el mercado, como el comercio de emisiones. Los pueblos indígenas demandan un apoyo financiero seguro y predecible para implementar sus propias estrategias de resiliencia climática y la protección y restauración de ecosistemas vitales.
El CITI hace un llamamiento a la COP 29 para que cambie de rumbo y se centre en apoyar una acción climática eficaz basada en los derechos y fundamentada en la transición justa, así como en el pleno respeto de los derechos, la experiencia y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como prioridad urgente. Además, el CITI insta a los Estados parte en la COP 29 a renovar su compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a no más de 1,5 °C y reducir drásticamente la extracción y el uso de combustibles fósiles. La supervivencia de los pueblos indígenas y de nuestro planeta depende de que se adopten verdaderas soluciones lo antes posible.
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Para solicitar entrevistas o más información, comuníquese con Andrea Carmen, directora ejecutiva del CITI (andrea@treatycouncil.org), o Ghazali Ohorella, consultor jurídico sobre derechos humanos y cambio climático del CITI (ghazali@indigenousun.org).