En los últimos años se extiende por Asia, Africa y América Latina la adquisición de enormes extensiones de tierras, llevada a cabo por grandes empresas –extranjeras y también de los países en lo que se adquieren las tierras, inversionistas institucionales y especuladores e incluso estados–.
Las razones de estas operaciones, que pueden otorgar tierras en venta, alquiler, concesión, etc., son varias: producción de biocombustibles (especialmente etanol a partir de maíz o caña de azúcar), de alimentos (principalmente soya transgénica), inversión especulativa, explotación minera, petrolífera o de gas natural.
La apropiación de grandes extensiones de tierras por grupos de poder y la lucha de los pequeños propietarios, productores campesinos y poblaciones indígenas en defensa de sus derechos no son nuevos, sino que se han dado frecuentemente a lo largo de la historia. Pero esta reciente oleada de acaparamiento de tierras se justifica con nuevos argumentos. Uno de ellos es que la apropiación de grandes extensiones para la producción de biocombustibles se defiende recurriendo a la problemática del cambio climático, cuando, como se sabe, el tipo de agricultura industrial que se va a desarrollar en estas áreas implica la producción de gases invernadero. También, a menudo se sostiene en nuestros países que no se debe poner límite a la extensión de las unidades agrícolas puesto que con la agricultura a gran escala se obtienen los rendimientos más altos, que serían imprescindibles para poder alimentar a la población en crecimiento. Pero no se dice que ese tipo de agricultura contamina el medio ambiente y elimina la agrobiodiversidad y, aun cuando fuera más productiva que otras alternativas –lo cual tampoco está demostrado–, no es sostenible.
Otro aspecto que los defensores del acaparamiento de tierras no mencionan es que la instalación de grandes propiedades, por lo general en regiones pobres y de escaso desarrollo institucional, otorga a los nuevos terratenientes gran poder e influencia en las decisiones políticas, incluso a nivel nacional y que, el nuevo proceso de concentración de tierras se impone sobre niveles preexistentes de desigualdad, que demandan políticas redistributivas en lugar de limitar el acceso a la tierra a la población rural (Mauro: p. 9).
Aquí es también importante señalar que, en el contexto actual, la defensa de la tierra y el territorio incluye los recursos naturales y el acceso a ellos por las poblaciones que se sienten amenazadas o que ya están sufriendo los impactos de la pérdida de las condiciones de vida y el acceso a elementos vitales, como son: el agua de calidad para el consumo humano y la producción agraria o la conservación de la fertilidad natural de los ecosistemas por la disminución compulsiva de la biodiversidad. En América Latina, los países donde la defensa por la tierra y el territorio toma, hoy en día, mayor relevancia, es en aquellos donde el crecimiento económico es mayor, dado el grado de inversión en industrias extractivas (minería, petroleo, madera) cuya tributación al fisco aporta un importante porcentaje del PBI.
Terminamos recalcando que, como el título indica, el actual acaparamiento de tierras desconoce los derechos de los campesinos, los pequeños productores y las poblaciones indígenas, que no tienen participación en las decisiones que afectan sus medios de vida y su cultura, y son desplazados de sus tierras y territorios. Por eso se requiere que las poblaciones afectadas se organicen para hacer valer sus derechos, con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco de las instituciones de la democracia y los derechos humanos.
Fuentes consultadas: http://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-27-numero-4/862-editorial-la